Monsiváis

De manera inesperada falleció el escritor mexicano Carlos Monsiváis. Todos han lamentado su muerte. En sus funerales estuvieron presentes personajes representativos de todas las corrientes políticas. Incluso funcionarios del gobierno federal. Las esquelas en su nombre las firmaron organizaciones de todo tipo: empresariales, sindicales, sociales, culturales, académicas. Pero, ¿quién es Carlos Monsiváis, qué representa, qué significa su obra y su legado; cuál su enseñanza?


Monsiváis no fue de esos intelectuales que hablan bien o en nombre del poder. De los defensores de lo indefendible. No fue justificador de actos abominables del Estado. Antes bien, su estilo particular se significó por el uso adecuado, preciso y exacto del lenguaje que desnuda, censura y ridiculiza la solemnidad, el cinismo o la estulticia del declarante en turno. Esa forma de decir y exhibir, hoy casi es inexistente en México.

Fue un libre pensador independiente del Estado. Crítico implacable de todo lo criticable. Observador distante del ejercicio de la política. Su crónica no fue la del poder sino la de los que carecen del mismo. De los ignorados, de los aplastados por “la autoridad”.

Carlos Monsiváis preservó siempre su independencia y capacidad crítica, incluso respecto de los propios partidarios que extraviaron el camino. Por ello, con total autoridad moral pudo censurar el desprestigio priísta, el conservadurismo panista y el dogmatismo de una parte de la izquierda mexicana.

Nunca fue un intelectual neutro. Nunca cambió de ruta por un beneficio material. No aceptó el apapacho gubernamental por su silencio. No se fue de gira presidencial para hacer la apología del “hombre de Estado”. Nunca abandonó sus ideales por unos minutos de celebridad mediática.

Fue militante de la izquierda, defensor de ideas avanzadas, partidario de la igualdad, la equidad, la paz, la libertad. Observó y narró con cercanía las luchas de maestros, estudiantes, damnificados del 85, entre muchas otras. Encomió siempre a la sociedad que busca organizarse. Y también criticó a la izquierda desde la izquierda misma: censuró a los dogmáticos, a los herederos y conservadores del estalinismo. Más tarde, a los gobiernistas a los que, entregados a los intereses del poder, abandonaron sus principios.

Más allá de homenajes y rituales en su nombre, lo importante es emular la conducta de Monsiváis: demandar al intelectual independencia del poder, crítica infatigable, observación distante, incluso de la propia izquierda cuando realiza el ejercicio del poder. Ése es el papel del intelectual. Hacer la crítica del poder.

Por eso recordamos con afecto y admiración a Carlos Monsiváis.

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Retomar la agenda social

Cuando se habla de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), vale la pena reflexionar sobre la agenda que requiere la ciudad para continuar y profundizar las transformaciones tendientes a la equidad y al bienestar social, temas eje y centrales del proyecto aplicado en la ciudad de México en la última década.

Es importante hacer la valoración objetiva del impacto en temas fiscales y de desarrollo urbano. Escuchar la opinión de la población. Conocer sus sentimientos. Y sobre todo, atender sus necesidades.

Por ello es importante retomar la agenda social. Ya hay diversas iniciativas de legisladores locales que buscan acentuar diversos temas sociales. Es patente su deseo de avanzar en cambios a la ley para prevenir y erradicar la discriminación. En crear una ley para darle estatus de derecho al mejoramiento de los barrios. De igual manera, se ha propuesto una ley de los comedores públicos y comunitarios en esta capital para darle permanencia y certidumbre a este programa creado por el gobierno de la ciudad.

Otros legisladores pugnan por convertir al programa de uniformes escolares en ley, lo mismo que la beca universal de bachillerato, Prepa sí. Sería un éxito crear la ley para darle estatus de derecho a este salario estudiantil. Existe además una iniciativa en el mismo sentido para el programa de apoyo a personas con discapacidad.

Se trata, en todos los casos, de profundizar el principio que hace de los programas sociales un derecho para todos. Así ya no estaríamos frente a una buena iniciativa gubernamental que puede perdurar o no, sino ante algo permanente, plasmado en la ley. Es decir, ante una garantía para los ciudadanos que es exigible y exigido por la ciudadanía en general.

Con otros temas eso ya ocurrió en el DF. Los útiles escolares gratuitos se entregan por mandato de ley, lo mismo que la pensión de los adultos mayores, el seguro educativo (llamado educación garantizada), el acceso gratuito a medicamentos y atención médica en los centros de salud capitalinos, entre otros. Debemos continuar con esa línea. Ese es un punto que hace distinta la política social en el DF, porque a nivel federal ningún programa social se ha vuelto ley.

Por lo demás, la situación del país exige profundizar, retomar, virar hacia un programa social. Por ello es importante que desde la ALDF se retome la agenda social. La ciudad de México debe marcar con mucha claridad esta distinción, sobre todo en una época donde todo se desdibuja, todo se revuelve y todo se confunde para parecer lo mismo.

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La herencia maldita de Carlos Salinas

Lo promovió como panacea. Dijo que era el remedio a los problemas ancestrales de los mexicanos. A 16 años de distancia, no obstante, el Tratado de Libre Comercio que Carlos Salinas de Gortari firmó con Canadá y Estados Unidos ha demostrado que sólo sirvió para exacerbar la desigualdad en nuestro país.

Cierto, algunos sectores hoy exportan más mercancías que antes, pero el grueso de la población ha visto caer el empleo, el cierre de empresas, el abandono del campo, la bajísima producción de alimentos y la consecuente importación —cada vez mayor— de innumerables productos que dejaron de hacer aquí empresas quebradas o resulta más barato comprarlos en el exterior.

Con la firma de ese TLC, Carlos Salinas habló de la integración y nuestro ingreso como país al primer mundo. En realidad lo que logró fue alentar el comercio irrestricto de mercancías y capitales omitiendo el libre tránsito de personas, deseosas o urgidas de vender libremente su fuerza de trabajo en los países firmantes de ese pacto ante la falta de expectativas de vida favorables en el propio.

Hoy las trasnacionales no piden permiso para instalarse en México. Muchas de ellas hasta son premiadas con beneficios fiscales y no pagan impuestos. En cambio, año tras año, miles de connacionales se ven obligados a renunciar a su país e incluso arriesgan la vida en su intento por encontrar un empleo y una mejor forma de vida en Estados Unidos, algo de lo que carecen en México. Los casos de Anastasio Hernández y el menor Sergio Adrián Hernandez son emblemáticos.

El primero vivió 27 años en aquel país. Contribuyó a la economía estadounidense y pagó sus impuestos. Al impedir su deportación, murió de feroz golpiza y descargas eléctricas a manos de 20 agentes de la Patrulla Fronteriza en la garita de San Isidro, California.

A su vez, Sergio Adrián Hernández, de 15 años, fue arteramente asesinado por otro agente fronterizo de California que le disparó desde el lado estadounidense. Al jovencito, caído en territorio de Ciudad Juárez, se le quiere responsabilizar de su muerte por haberle lanzado piedras al prepotente sujeto. El gobierno mexicano, en tanto, sólo ha emitido tenues comunicados diplomáticos y “fuertes declaraciones” condenando los hechos. Algo similar a cuando se hizo pública la entrada en vigor de la llamada Ley SB 1070 en Arizona, un ordenamiento racista y xenófobo que criminaliza a los indocumentados en ese estado de la Unión Americana.

Esa es la herencia maldita de Carlos Salinas: los capitales estadounidenses sí pueden entrar a México, pero los trabajadores mexicanos no pueden entrar a trabajar en Estados Unidos.

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Homenaje al General Francisco Villa

Un año de comedores: 7 millones de raciones

Llegaron de la Nueva Atzacoalco, Cuajimalpa, San Pedro Xalpa, San Andrés Tetepilco, El Ocotal, Los Olivos y El Arenal, entre otras. El Gran Fórum, en la Campestre Churubusco, fue insuficiente para albergar a más de 3 mil usuarios de los comedores comunitarios y públicos que ahí conmemoraron el primer aniversario de este exitoso programa social del gobierno del Distrito Federal.

En 2009, ya con una nueva crisis económica en puerta, el gobierno local aplicó dos medidas urgentes: llevó medicinas a los domicilios de los más pobres y abrió comedores en las zonas donde están los más desprotegidos. El objetivo, salvaguardar su salud y alimentación.

A la Secretaría de Desarrollo Social se le encomendó el Programa de Comedores Comunitarios y Públicos. Entre abril y junio del 2009 puso en marcha 160 de los primeros y 50 de los segundos. En los comunitarios una comida corrida cuesta 10 pesos y en los públicos es completamente gratuita.

Al cumplir su primer año, el GDF ha superado la entrega de 7 millones de comidas servidas en las zonas más apartadas de las 16 delegaciones políticas.

Es obvio que la necesidad básica para cualquier persona es comer a diario. Si no hay dinero ni empleo, si el salario no alcanza, se dejan de comprar muchos bienes, entre ellos los culturales y educativos, antes que dejar de comer. En nuestra ciudad había miles de personas sin esta opción.

Los comedores comunitarios son una salida a esta problemática. Propician la participación social, reconstruyen comunidades, se vuelven espacios de convivencia. Alientan el mercado interno y la compra de alimentos a pequeños productores. Además, promueven las tradiciones culinarias del país, la cultura nacional y la música clásica de los grandes autores. Sí, porque a esos sitios van historiadores, académicos y connotados músicos para alimentar también el espíritu de los comensales. Por si fuera poco, estos comedores son pequeñas comunidades microproductivas que emplean a mil señoras en su mayoría.

En un comedor comunitario cualquiera ahorra por lo menos 30 pesos diarios si consideramos que la comida más barata en un restaurante vale 40 pesos. Si ese ciudadano va con otros familiares al mes ahorra hasta 3 mil pesos.

Falta que en nuestra Constitución se establezca el derecho a la alimentación. Implícitamente, en el DF eso ya se ha hecho, porque siempre estamos a la vanguardia en materia de nuevos derechos sociales.

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La salida, a la izquierda; caso Uruguay

Antes de reducir la brecha entre muy pocos que tienen todo y hasta de sobra, con la gran mayoría de la población cuyas carencias son enormes y aumentan a diario por la crítica situación económica nacional, las autoridades federales se han empecinado en hacernos creer que la crisis es una fatalidad, una cuestión inevitable e invencible. Como algo que, además, afecta a todos los países por igual, y que nos llegó “de afuera”.

Desde luego que lo anterior no es así. Hay naciones que sí han podido vencer la crisis, disminuir la pobreza y la desigualdad. Lo han logrado, desde luego, alejadas del modelo ortodoxo neoliberal que sólo profundiza aquellos flagelos.

¿Cómo lo han hecho?: privilegiando la redistribución de ingresos y riqueza en función de las necesidades mayoritarias de la población. Es decir, aplicando programas sociales. En suma, mediante una propuesta económica, política y social de izquierda.

Al respecto, el caso de Uruguay es muy relevante.

En 2005 puso en marcha el Plan de Atención Nacional para la Emergencia Social con la idea de elevar el nivel de vida de la población. Entonces, 32% era pobre y 3.9% indigente. Padecía pobreza infantil 55% de los menores de entre cero y 12 años. El desempleo rondaba en 15%.

Integraron el citado plan nacional diversos programas sociales: ingreso ciudadano, entrega de alimentos, un sistema de tarjeta prepagada y atención a los sin techo. Se fomentó el empleo, nació el programa hábitat en materia de vivienda, se impulsaron proyectos de opción productiva y, marcadamente, la educación mediante acciones de carácter socioeducativo. Todo, con el fin de lograr la inclusión y la integración social.

Para 2008 la indigencia entre los uruguayos se redujo de 3.9% a 1.7% de la población. Aumentó 32% el Producto Interno Bruto; la deuda pública disminuyó 45% y el salario real se incrementó 23%; el gasto social subió 88% y el educativo 80%; la pobreza decreció 33% y el monto de las pensiones y jubilaciones se elevó 23%.

México, en contraposición, es el país más desigual del continente americano. Se esperaría que el actual gobierno federal hiciera esfuerzos para revertir la situación, que escuchara las propuestas de trabajadores, campesinos, estudiantes para ello y no que de un plumazo enviara a la calle a miles de empleados.

La experiencia uruguaya confirma que sí hay salida, que sí se puede y es posible vencer la pobreza, la desigualdad y la crisis económica. Lo que hace falta en México es un gobierno federal que mire hacia la izquierda. Por lo pronto, ya empezamos en la ciudad de México.

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