Una Constitución para la Ciudad de México

El Distrito Federal es la sede de los Poderes federales. Hasta 1928 tuvo municipios y en su lugar se crearon delegaciones políticas (las que hoy conocemos vienen de 1970). Tiene un Tribunal Superior de Justicia equiparado a todos los Poderes Judiciales locales. Cuenta con un cuasi Congreso encarnado en la Asamblea Legislativa. Se asienta físicamente en vasto espacio territorial donde viven casi nueve millones de personas. Sin embargo no es considerado un estado de la República.


Esta ciudad es un espacio impresionante de convivencia social, de pujanza económica y transformación cultural. Es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Está abierta al país y al mundo. Es, y ha sido, un hervidero de transformaciones políticas y sociales.

Jurídicamente, no obstante, sus habitantes siguen siendo excluidos y tratados como menores de edad.

Tal aberración ocurre porque, históricamente, las autoridades del Distrito Federal tienen poderes delegados por el resto de las entidades federativas. Es decir, supuestamente esta entidad carece de poderes originarios, aunque la realidad muestre otra cosa.

El que el Distrito Federal no sea considerado un estado es un gran problema para sus autoridades y habitantes.

Cambios los ha habido y muchos, aunque es necesario avanzar aún más. En 1988 surge la Asamblea de Representantes con facultades limitadas (emite bandos y ordenanzas). En 1994 evoluciona y tres años más tarde se vuelve Asamblea Legislativa con facultades para legislar en materias civil, penal y electoral, entre otras. Luego los capitalinos pudimos elegir a un jefe de gobierno y a los delegados. Pero hasta ahí. Aún nos excluyen de los fondos sociales federales por no ser un estado.

Este es el esquema actual. Un híbrido, una transición inacabada. Por eso hay que convertir al DF en un estado-capital. En una ciudad estado, como ocurre en la República Federal Alemana, cuya capital, Berlín, es al mismo tiempo un estado.

Nos falta una Constitución de la ciudad de México que supla al Estatuto de Gobierno, elaborado y aprobado por diputados y senadores federales. Ello implica que la ALDF convoque a un constituyente de donde surjan los diputados al constituyente de la ciudad de México.

¿Por qué no dar ese paso y aprobar nuestra Constitución? ¿Por qué no pelearlo frente a la Federación? Esa sería una transformación política muy importante que daría más derechos a los habitantes de nuestra ciudad. Una nueva dignidad y no un tratamiento jurídico de segunda, sino de plena y verdadera entidad federativa.

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