Durante meses, diversas organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática promovieron la firma de un documento al que llamaron Carta del Derecho a la Ciudad. En él se hace una relación de derechos sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos de los habitantes del Distrito Federal, ya avalados por la autoridad del gobierno local.
Ahí se reivindican derechos fundamentales como el de la vivienda. Pero más allá, el derecho a la construcción social del hábitat, que incluye múltiples satisfactores sociales de las propias comunidades. Es una idea según la cual la ciudad no puede ser sólo obra, ni responder a necesidades del capital. De acuerdo con esta concepción, hay que pensar en la ciudad precisamente como el derecho de la gran comunidad.
Entre sus promotores están Jaime Rello, dirigente histórico de la UPREZ; Érika Díaz, de Patria Nueva; Miguel Ángel Zenón, de la CUD; Superbarrio Gómez, de la Asamblea de Barrios; Tere Solís, de la Unión Popular Benita Galeana, y Ernesto Jiménez, de la Unión Popular Valle Gómez, entre otros dirigentes sociales.
El texto alude al derecho a contar con un techo pero también a ver en la ciudad ese gran techo, esa gran protección, física y jurídica. Una protección individual pero al mismo tiempo social, colectiva, comunitaria.
El derecho a la ciudad es un concepto en el que se ha trabajado por años. De acuerdo con él, la urbe no puede estar sujeta a segregaciones, con zonas privilegiadas y otras excluidas. Con centros poderosos y periferias abandonadas. Por el contrario, la ciudad ha de integrar a todos.
También tiene que ver con el derecho a circular por todos lados. A que no haya guetos o apartados ni franjas de temor.
Es el derecho a la seguridad para disfrutar los múltiples satisfactores que hay en una gran urbe, como el DF, que concentra la mayor inversión pública, privada y social del país.
Por eso es importante saludar esta iniciativa. Más aún, que haya sido abrazada por los tres órganos del gobierno del Distrito Federal. Es de esperar se materialicen los principios sociales de esta Carta del Derecho a la Ciudad, que son los más avanzados.
Es de desear, asimismo, que se materialicen no sólo como fin, no sólo como causa, sino en la forma y en el camino para realizarlos. Concretar el derecho a la ciudad significa alentar una gran participación social, comunitaria y ciudadana para que los habitantes de esta ciudad intervengan en definir la ruta de su destino. Que sean las comunidades las que influyan en las autoridades de todos los niveles. Hacemos votos para que este concepto pueda permear en todas las esferas del poder público en la ciudad.
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