En tiempos económicamente difíciles nada más equivocado que cercenar programas sociales o desaparecerlos, como lo anuncian algunos funcionarios del gobierno federal. Si en los dos últimos años llevaron a 6 millones de mexicanos más a la pobreza, qué podrá esperar el resto de la población si ese gobierno ahora declina de su obligación y cancela dichos apoyos, justo cuando más se necesitan.
Por ello es muy importante adoptar medidas de austeridad. En el ámbito federal y en el local. En el primero, por ejemplo, cifras reales sustentan que se ahorrarían 14 mil millones de pesos si sólo se redujera el salario a todos sus funcionarios de primer nivel. El monto más que se duplicaría si se recortara lo que llaman “gasto corriente” —que creció ofensivamente de 2000 a la fecha— donde se incluyen servicios y prestaciones para funcionarios “de primer orden” como el pago de comidas, vales de gasolina, seguro médico, bonos y autos nuevos, entre muchos otros beneficios. De hecho, The New York Times censuró el despilfarro de la bonanza petrolera y de divisas en el foxismo.
El ámbito local no puede quedar exento. Ya el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, puso en marcha medidas de austeridad. Los ahorros más tarde se tradujeron en nuevos programas sociales. Pero se requiere más.
Sería deseable, por ejemplo, que los próximos integrantes de la Asamblea Legislativa del DF acordaran reducir su presupuesto de mil 200 millones de pesos. Con 700 millones sería suficiente para el funcionamiento óptimo de la institución (la primera Legislatura ejerció 500 millones). La diferencia podría financiar la ampliación (autorizada por los asambleístas) del programa de adultos mayores, que ahora beneficiará a quienes tengan 68 y 69 años cumplidos.
La medida, por cierto, es formidable pero se necesitan los recursos para aplicarla.
La austeridad puede y debe ampliarse al resto de los órganos autónomos: Derechos Humanos, Instituto Electoral, InfoDF, Tribual de los Contencioso, etcétera. Los presentes no son tiempos de gastos fastuosos —restaurar edificios, comprarlos o construirlos puede esperar— sino de ahorrar recursos para las mayorías empobrecidas por una política económica federal equivocada. (Los datos de INEGI, Coneval y la realidad misma lo demuestran).
En el gobierno del Distrito Federal no se piensa mutilar el gasto social. No sólo el que ejerce tal secretaría sino el de todas aquellas con programas sociales. Ese recurso, ese gasto, es sagrado porque es para la gente. Al contrario, se trabaja sobre la idea de crear una red de protección social —seguro de desempleo y comedores comunitarios, son dos ejemplos— porque en las épocas de crisis es cuando más urgen los apoyos sociales.
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