251109 Altérmino de la reunión con beneficiarios de los Comedores Comunitarios

Reflexiones sobre el Congreso del PRD

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4 millones de comidas gratuitas, servidas

En enero de este año, cuando aparecieron los signos más ominosos de la crisis, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, anunció la creación de dos programas sociales no presupuestados inicialmente: la entrega domiciliara y gratuita de medicamentos, y el de comedores públicos y comunitarios. Ambos se financiaron con ahorros y economías derivadas de un plan de austeridad entre los mandos medios y altos del gobierno de la ciudad.

El programa de comedores comunitarios garantiza el acceso a los alimentos, día con día, para miles de personas, especialmente niñas y niños, adultos mayores, madres de familia, personas con discapacidad, población en calle y desempleados. De enero a la fecha, se han servido 4 millones 278 mil 558 comidas. Con ello, la administración capitalina no se ha cruzado de brazos ante la virulencia de la crisis y ha dado una respuesta concreta, inmediata y continúa a las consecuencias más negativas de la misma: la carestía de los alimentos y desempleo.

¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede, que sí hay alternativas a los grandes retos sociales cuando hay imaginación y voluntad. Los tecnócratas del ámbito federal ven las cosas desde otra óptica y prefieren afectar a los que menos tienen. Dicen: “hay crisis, no hay dinero, vamos a recortar el gasto social”. En cambio el gobierno del Distrito Federal, actúa: “hay crisis, no hay dinero, entonces los funcionarios nos vamos a recortar los salarios y las prerrogativas para mantener los programas sociales, crear otros nuevos y garantizar la comida a los ciudadanos”.
Este programa tiene dos modalidades: comedores públicos y comedores comunitarios. Los primeros son gratuitos y en ellos se cumple la desmercantilización de los alimentos y su conversión en un derecho pleno, como la educación o la salud que son gratuitos.

Los comedores comunitarios, por su parte, son pequeñas unidades micro productivas que generan mil empleos e ingresos a la gente de las comunidades que los administra. Ambas modalidades alientan además la cohesión social, la construcción de comunidad en cada barrio, en cada pueblo.

Hace unos días, al aprobarse el presupuesto de egresos del país, PRI y PAN volvieron a castigar al DF. Es paradójico: la entidad federativa que más invierte en su gente es la única que no recibe fondos federales de combate a la pobreza. Estamos seguros que si se bajaran un poquito el sueldo los 60 mil funcionarios de alto nivel del gobierno federal no habría problema para que a la capital de la República se le asignaran los 15 mil millones de pesos que le negaron los diputados de aquellos partidos.

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El agandalle del PRIAN en el presupuesto

Como sucede cada vez que se juntan, el PRI y el PAN han cometido nuevos abusos. Ahora se coludieron para quedarse con la tajada más grande del presupuesto federal de 2010, única y exclusivamente en función de sus ambiciones político-electorales, excluyendo a los ciudadanos y sus necesidades de desarrollo.

Primero se hicieron cómplices para evitar que los grupos económicos más poderosos del país perdieran los privilegios fiscales obtenidos durante décadas de gobiernos priístas y ampliados en gestiones panistas. No fuera a ser, según su cálculo político, que al hacerlo incomodaran a quienes los apoyaron abiertamente para acceder al poder.

En ese marco también se juntaron para elevar el IVA de 15 a 16% al consumo generalizado, y la tasa del Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30%, hechos que se reflejarán negativamente en los bolsillos del ciudadano a partir del primer día del año próximo. Es decir, otra vez decidieron cargarle la mano a quienes sí pagan impuestos permanentemente.

Una vez que elevaron las contribuciones a las clases medias y a los más pobres, PRI y PAN se aliaron para acordar un presupuesto de egresos donde se repartieron los recursos públicos como si fueran propiedad de los grupos políticos en el poder.

Además, como ya lo han hecho en años anteriores, de nuevo castigaron a la ciudad de México y a sus habitantes, reduciéndoles el monto de recursos solicitados y manteniéndola al margen de los fondos federales que sí reciben el resto de las entidades federativas. En suma, le negaron los dineros a que tiene derecho en justicia, de acuerdo a las necesidades de sus habitantes.

En contrapartida, estados gobernados por priístas recibirán las mayores aportaciones de su historia. Lo anterior evidencia que en la aprobación de este presupuesto PRI y PAN se repartieron patrimonialmente los recursos públicos en vez de acordar las asignaciones en función de un proyecto de desarrollo nacional. (De hecho, excluyeron de la negociación a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión).

Así, lo acordado en San Lázaro a principios de semana se limitó a satisfacer las necesidades político-electorales de gobernadores y grupos de interés dominantes en los estados gobernados por PRI y PAN, al más puro agandalle.

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México, un paraíso fiscal

El artículo 31 de la Constitución señala que son obligaciones de todos los mexicanos: “Contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes”.

Esta ley suprema obliga a pagar impuestos a todos, “de manera proporcional y equitativa”. No establece ningún tipo de excepción, como las que fueron incorporadas con el tiempo en el sistema tributario, y que volvieron al país en una suerte de paraíso fiscal en favor de empresas que ganan miles de millones de pesos al año y que pagan menos impuestos que un trabajador asalariado.

El propio Sistema de Administración Tributaria reconoció que 400 de aquellas pagaron 85 mil millones de pesos de impuesto el año pasado en lugar de 850 mil millones que les hubiera correspondido si pagaran como lo hace cualquier contribuyente. De ese tamaño se ha distorsionado y pervertido la recaudación en México. Este es un país donde los pobres pagan más impuestos que los ricos; donde no se cumple el postulado constitucional.
El resultado de esta política fallida está a la vista. Quienes la impulsan y mantienen son corresponsables del daño causado a millones, carentes de lo básico para vivir. Debido a lo anterior, uno de cada cuatro mexicanos sobrevive con menos de dos dólares al día; 9% de los adultos son analfabetas; 8% de los menores tiene bajo peso, estatura y déficit de atención. Casi 3 millones de personas en edad de trabajar buscan sin éxito un empleo y casi 20 millones no tienen para comer.

El propio Banco Mundial ubica a las élites que controlan la actividad económica del país como una de las causas de la extendida desigualdad social: “Los monopolios rompen la posibilidad de desarrollo y de un crecimiento con mayor igualdad”, sostiene.

Calderón está al tanto de ello pero lo único que se le ocurre es acordar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aumentar los impuestos y crear nuevos.
Sobre lo otro, se conforma con simples pronunciamientos. En reunión con los 300 hombres de negocios más importantes del país, en el lejano septiembre de 2007, criticó a las minorías privilegiadas “porque no han asumido su liderazgo y responsabilidades reales con la historia y con la actual generación de mexicanos”. Ante ellos se preguntó “cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor” de los pobres en México.

Desafortunadamente, tras la reacción de enojo de los ahí presentes, Calderón simplemente se olvidó del tema y prefirió seguir cobrando impuestos a los de siempre. Aunque él sabe qué hay que hacer, no se atreve y prefiere mantener vigente el paraíso fiscal para no incomodar a sus amigos, que son, por ello, su único sostén.

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La culpa del PRI

Luego de cometer una de las peores fechorías recientes en contra de millones de mexicanos, ahora pretenden engañar a todos con el petate del muerto.
Para pagar un menor costo político tras aumentar impuestos y crear algunos nuevos, justo lo que dijeron no harían, el PRI filtró a los reporteros en San Lázaro un comunicado de Hacienda con la propuesta de sustituir en la Ley de Ingresos el 2% panista “para el combate a la pobreza”, y mejor elevar del 15 al 16% el IVA, más otro 2% al ISR.

“El alza de impuestos se cocinó en la oficina de Agustín Carstens”, manipularon los tricolores. Acaso por ello el diputado David Pechyna, secretario de la Comisión de Hacienda, aseguró que por el alza impositiva en 2010, “el PRI no tiene de qué avergonzarse. Lo que hicimos fue plantear alternativas” lejos de debates falsos o populistas. Y remató: “Cumplimos con los compromisos que nos hicieron ganar en las elecciones pasadas. Pensamos en la nación”. Más de 70 millones de pobres en el país seguro no están de acuerdo.

Historias similares, incluso con los mismos personajes, se vivieron de 2000 a 2003 en la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados. En los días medulares para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de aquellos años, en horas de la madrugada —cuando se cometen las peores atrocidades— llegaba a San Lázaro (proveniente de Hacienda) el diputado priísta Óscar Levín con cajas y cientos de documentos. En esos años se hacía acompañar, por cierto, de Agustín Carstens, entonces subsecretario hacendario del foxismo.

“Este es el presupuesto y háganle como quieran”, decía Levín a los encargados de elaborar los respectivos dictámenes. También lanzaba bravatas a los perredistas: “No autorizaremos el techo de deuda del DF si no están de acuerdo con esta propuesta”, lo cual, por cierto, nunca se aceptó.

Lo anterior es muy parecido a lo ocurrido ahora. Pero en ese afán de “echarle la pelotita a otro”, el PRI se engaña a sí mismo y habrá de pagar un alto costo político por apuñalar económicamente a millones de mexicanos y condenarlos a pagar más a partir del año próximo por todo lo que consumen porque la inflación irá a la alza.

Es probable que la propuesta de elevar y crear nuevos impuestos haya sido de Hacienda, pero fueron los votos del PRI los que avalaron tales incrementos. Fueron legisladores del PRI quienes aceptaron el fraude electoral y ayudaron a Calderón a rendir protesta en 2006.
Fueron ellos quienes lo apoyaron en las reformas a la Ley de ISSSTE y del IMSS; los que coartan los derechos reproductivos de la mujer en 16 estados de la República; los que callaron ante el golpe al SME y los que aprobaron más impuestos para todos los mexicanos. Aunque claro, todavía podrían recapacitar.
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¿No son suficientes 80 millones de pobres?

Ignorar por años que la pobreza y la desigualdad son el principal problema del país ha tenido un altísimo costo social. Hoy, únicamente por la debacle electoral de julio pasado que descompuso sus escenarios políticos, hay quienes piden a la nación involucrarse en una cruzada contra la pobreza que ellos mismos, por incapacidad, hicieron crecer a niveles alarmantes, lo que desenmascara esa supuesta urgencia gubernamental por atender un problema del cual antes ni reconocían su existencia.

Según la Sedesol federal hay 52 millones de pobres en México. Seis millones más sólo en los últimos años (2006-2008). A casi 20 millones no les alcanza ni para comer. La mala noticia es que esas mediciones se quedan cortas al considerar que los hogares con ingreso per cápita de mil pesos al mes no viven en extrema pobreza; y si su ingreso es de 2 mil pesos mensuales, de plano ya no son pobres.

La verdad es que actualmente hay casi 80 millones de personas en esa condición en el país. Lo malo es que antes de hacer algo eficaz para revertir la situación, la obstinación neoliberal llevó al absurdo de proponer un impuesto de 2% al consumo generalizado —incluyendo alimentos y medicinas— justo cuando el encarecimiento de los alimentos es un factor central del empobrecimiento.

Esa es una política que fabrica pobres: a quienes tienen mucho les da más, y le carga la mano a los de siempre: a quienes tienen poco, muy poco. Por tal absurdo, en México los pobres subsidian a los ricos.

Muchos países están cambiando su modelo económico, menos México. Es el único que va a decrecer -9% y al que peor le va en esta crisis. Si no cambia ese modelo habrá más pobreza.
Y lo que es peor, pueden estallar graves conflictos sociales.

La crisis económica seguirá en 2010 y hay dos formas de abordarla: algunos dicen: “No hay dinero, recorten el gasto social, creen más impuestos”. En el gobierno del Distrito Federal, con diversas acciones, se construye una amplia red de protección social para fortalecer el poder de compra popular, lo cual es factible.

El gasto social ha crecido sostenidamente en el DF. Pasó de casi 30 mil millones en 2006 a más de 38 mil millones este año. Beneficia a cuatro millones de capitalinos. El objetivo no es sólo paliar la pobreza extrema, sino construir un Estado de bienestar, con igualdad, equidad, justicia social y una ciudadanía plena.

Sin embargo mucho de lo que se construye con la política social local se desmantela con la política económica federal. Por eso hay que defender esta ciudad, pues hacerlo es defender el bienestar de su gente.

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