Por una nueva ley contra la violencia familiar

Los días 5 y 6 de agosto, especialistas, instituciones académicas, representantes del GDF y legisladores locales iniciaron en la Asamblea Legislativa capitalina mesas de trabajo para analizar y discutir posibles reformas a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. El propósito es armonizarla con el marco jurídico que ha venido transformándose y cambiando en los últimos 12 años en el DF.

En esta ciudad se ha hecho la más amplia modificación de los códigos Civil y Penal en materia familiar, en materia de género y de derechos de la infancia, y publicado una gran cantidad de leyes que tocan directa o lateralmente los temas de la familia.

Todas estas reformas han transformado de raíz el concepto jurídico tradicional de la familia para incorporar, a lo largo de estas legislaciones, los enfoques de igualdad entre hombres y mujeres, el interés superior de la infancia, el bienestar y protección económica en el colectivo familiar, el reconocimiento a la diversidad de los arreglos familiares y el destierro de la violencia al interior de las familias.

Esas legislaciones están atravesadas por el llamado enfoque de democratización de las relaciones familiares. El objetivo ha sido que con las diversas legislaciones, que tienen naturalezas distintas, se pueda establecer este enfoque. Asimismo y de manera especial, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres obliga a armonizar el marco jurídico pudiendo realizar modificaciones al resto de las legislaciones.

La de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar también tiene que actualizarse. Un equipo de trabajo integrado por diversas instituciones públicas y no gubernamentales ha elaborado una propuesta que, se busca, sea discutida al seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Entre otros elementos desea consolidar un sistema de seguridad integral para las mujeres que viven violencia familiar de alto riesgo. Propone un nuevo procedimiento administrativo de queja que dotará de nuevas herramientas a las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Al concepto de violencia hacia las mujeres incorpora el de la violencia patrimonial, económica y en contra de sus derechos sexuales y reproductivos en el ámbito familiar.

Es un buen trabajo el que se ha hecho y propuesto. Habrá que seguir escuchando nuevas opiniones pero creemos que esta es la base para armonizar la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, principal propósito para combatir con mayor eficacia la violencia en contra de adultos mayores, adolescentes, personas con preferencias sexuales diversas, pero especialmente en contra de las mujeres y los menores al interior de las familias.

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Se transforma el Derecho Familiar

Con la llegada de los gobiernos democráticos al Distrito Federal, hace 12 años, inició también una profunda transformación de las leyes locales. Varias de ellas —retrógradas— permitían incluso agravios en contra de determinados grupos de la sociedad hasta hace pocos años. Entonces hubo que actuar rápido y en varios frentes.

El objetivo era incorporar a lo largo de estas legislaciones los enfoques de igualdad entre hombres y mujeres, el interés superior de la infancia, el bienestar y la protección económica de las familias, el reconocimiento a la diversidad de los arreglos familiares y el destierro de la violencia al interior de los mismos, entre muchos otros aspectos.

Por ejemplo, la aprobación de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar —en 1996, aunque en 98 se sustituyó el término por el de “familiar”—, abrió una época nueva de conceptos, leyes e instituciones al respecto. Modificó viejas costumbres: “No se metan en los asuntos de mi familia”, “yo sé cómo castigo a mis hijos; le pego para que aprenda”. Con tal ley eso se volvió asunto de interés público y social para desterrar la violencia contra las mujeres, menores y adultos mayores.

En 1998 se reformó el Código Penal para establecer, dentro del delito de corrupción de menores, el tema de la prostitución infantil y fue eliminado el término homosexual como sinónimo de conducta delictiva. Además se estableció el delito de discriminación por cuestiones de sexo, edad o condición social, y se amplió el delito de abandono para castigar a quien deje de otorgar la pensión alimentaria.

En el año 2000 fueron eliminados del Código Civil calificativos como: hijos adulterinos, incestuosos, hijos de reclusa, expósitos, naturales e ilegítimos que aún existían en ese código. A partir de entonces la mujer divorciada no tuvo que esperar 300 días para contraer un nuevo matrimonio. El concepto mismo del término tuvo un cambio para enfatizar que su esencia era la ayuda mutua, la solidaridad y la comunidad de vida. Se reconoció, además, el valor económico al trabajo en el hogar.

En el Código Penal se ampliaron las causales de exclusión de responsabilidad penal del aborto. Entre 1999 y 2000 se publicaron las leyes de los Derechos de las Niñas y los Niños, la de Los Jóvenes, la de Derechos de los Adultos Mayores. En 2003 se publicó la Ley de la Pensión Universal y las de Medicamentos y Medicinas Gratuitos, así como la de la Beca para Estudiantes del Instituto de Educación Media Superior.

En 2006 se creó la Ley de Sociedad en Convivencia; en 2007 se despenalizó la interrupción del embarazo dentro de los primeros tres meses; en 2008 se eliminaron las causales de divorcio; en 2009 hubo nueva reforma al concepto de matrimonio para permitir que éste pueda ocurrir entre personas del mismo sexo. En 2008 y 2009 se publicaron también la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

 

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