El actual modelo alimentario nacional está agotado. En mucho, esta es la causa de que a cada rato suban de precio los alimentos de la canasta básica. Hoy la dependencia nacional en este terreno es insostenible: el campo está abandonado y el país importa 42% de lo que comemos. Por eso, 20% de la población está desnutrida y anémica. En su mayoría, menores e indígenas de cinco años.
Aquí, en el Distrito Federal, alimentos de esa “canasta ” subieron hasta 60% en 15 días d enero, según monitoreos recientes. En tanto, la UNESCO revela que más de 19 millones de mexicanos viven con menos de 25 pesos diarios. Alerta, además, sobre las situaciones impredecibles que esperan a otros 3 millones de compatriotas con ingresos de 13 pesos al día.
Urge una efectiva política de Estado en esta materia y una decidida participación institucional en la regulación, producción y comercialización de los alimentos. Justo lo que se dejó de hacer a partir de la firma del TLC en 1994. El tema no es menor. Hablamos de la necesidad de alimentar a millones, de brindarles una buena nutrición que les permita su desarrollo individual y por lo tanto el crecimiento nacional que tanta falta hace.
La carestía afecta a todos pero no por igual. Las familias con altos ingresos gastan apenas 7% para comprar alimentos. Las de pocos recursos, 50% para lo mismo. Antes de reconocer que este modelo ya dio de sí, quienes deciden en el país prefieren jugársela con las multinacionales cuya producción no se orienta a satisfacer las necesidades de la gente sino a obtener jugosas ganancias. “Es la globalización”, defienden, pero esa no es alternativa para un país con tanta desigualdad, como México.
Mientras les “cae el veinte” en otras instancias, en sólo medio año el GDF ha servido más de 6 millones de comidas en comedores comunitarios a un costo mínimo: 10 pesos, y de manera gratuita en los públicos. La idea es que nadie se quede sin comer en el DF. La Secretaría de Desarrollo Social capitalina instaló y opera actualmente 160 comedores comunitarios; el IASIS, de la misma dependencia, 50 comedores públicos (ahí la comida es gratuita); y el DIF, 90 cocinas. Están en las comunidades más apartadas, donde los altos índices de marginación son mayores y la prioridad de la gente es conseguir alimento para la familia.
Especialistas en temas sociales, como Julio Boltvinik y Pablo Yánez, sostienen que así como la educación no es una mercancía (porque está garantizada constitucionalmente como un derecho), la alimentación debería tener el mismo estatus.
Para que todos puedan comer, para que nadie muera de hambre, para alcanzar una nutrición adecuada, urge cambiar la mentalidad y desmercantilizar los alimentos para convertirlos en un bien público al alcance de toda la sociedad.
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